Normativa estatal sobre contaminación acústica

La gestión de la contaminación acústica requiere de medios profesionales capaces de prever y minimizar sus consecuencias, además de una legislación clara y completa que regule las acciones y fije los límites tolerables de ruido. Hoy queremos que conozcas cuáles son las leyes que en esta materia rigen en nuestro país a nivel estatal, ya que cada comunidad e incluso algunas actividades concretas, pueden tener su propia legislación.

Para ello, hacemos una revisión introductoria de las más importantes, pues este es un tema muy amplio que no podemos abarcar en su totalidad aquí. Si quieres profundizar en alguna de ellas sólo tienes que pulsar en los enlaces.

Legislación estatal para la gestión de control de ruido

La presencia en el ambiente de ruido o vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que las origine, que implique molestia, riesgo o daño para las personas, para el desarrollo de sus actividades o para los bienes de cualquier naturaleza, incluso cuando su efecto sea perturbar el disfrute de los sonidos de origen natural, o que causen efectos significativos sobre el medio ambiente.

Así define contaminación acústica la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. Se trata de nuestra Ley básica estatal que regula internamente las directrices y previsiones de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental.  

La finalidad de nuestra Ley básica es prevenir, vigilar y reducir la contaminación acústica para evitar los daños que pueda ocasionar en la salud humana, los bienes y el medioNormativa contaminación acústica ambiente. Amplía el alcance de la Directiva 2002/49/CE al incorporar el ruido y las vibraciones en el espacio interior de determinadas edificaciones y establece los instrumentos necesarios para la mejora de la calidad acústica del entorno. Además de contemplar los parámetros y las medidas para la evaluación de este agente contaminante, que se incluyen en la legislación europea.

Pero esta Ley no actúa sola sino que está acompañada por dos Reales Decretos posteriores que la complementan. El primero es el Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, que precisa los efectos que la contaminación acústica tiene sobre la población y detalla una serie de medidas como los mapas estratégicos de ruido o planes de acción (de los que hablábamos en nuestra publicación anterior), necesarios para conseguir el objetivo de reducir los efectos perjudiciales del ruido.

El segundo es el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, que completa el desarrollo de la Ley 37/2003, definiendo los índices de ruido y vibraciones, sus aplicaciones, efectos y molestias sobre la población y su repercusión en el medio ambiente. Delimita además, los distintos tipos de áreas acústicas definidas en la Ley y establece los objetivos de calidad para cada una de ellas. Se regulan también los emisores acústicos fijándose valores límite de emisión y los procedimientos de evaluación.

Legislación específica autonómica y local para la contaminación acústica

La legislación estatal sólo es aplicable a determinados agentes acústicos como las actividades comerciales, industriales o de servicio y sus instalaciones, carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos. Otros emisores de ruido como las actividades militares o la actividad laboral se rigen por su legislación específica. Los ruidos producidos por la actividad y comportamiento doméstico y vecinal no están contemplados en la ley, de tal modo que si la contaminación acústica que éstos pudieran producir superara los límites tolerables, habría que remitirse a las ordenanzas municipales y locales.

En el caso de la Comunidad de Madrid, la ley de aplicación era el Decreto 78/1999, de 27 de mayo, por el que se regulaba el régimen de protección contra la contaminación acústica. Hasta la aparición del Decreto 55/2012, de 15 de marzo, que lo derogaba en virtud de la  Ley 37/2003 y los Reales Decretos 1513/2005 y  1367/2007 de los que hemos hablado  más arriba.

De esta forma, se pretendía lograr una mayor simplicidad administrativa al considerar que la legislación básica estatal ya conforma un marco jurídico completo y cubre las necesidades que en esta materia el territorio de la Comunidad de Madrid pueda tener.

Nos gustaría terminar este breve repaso jurídico, apuntando a la existencia de una legislación específica que trata la protección de los trabajadores frente a la contaminación acústica en los lugares de trabajo y de la que te hablamos en nuestro siguiente post.

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